La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, publicada el 26 de junio de 2025 en el Registro Oficial, por considerar que vulnera derechos laborales. Según el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, la reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) eleva de 60 a 65 años la edad para el retiro voluntario con compensación económica, afectando a profesionales de educación, salud y otros sectores públicos que cumplan requisitos del IESS.
La ley, aprobada el 24 de junio con 84 votos, introduce cambios en 20 normativas, incluyendo el Sistema Nacional de Contratación Pública y el Código de la Niñez, pero ha sido criticada por falta de unidad de materia. Quishpe señaló que los servidores que planificaban jubilarse entre 60 y 64 años ahora deberán esperar cinco años más, lo que consideran una violación de derechos adquiridos. La UNE busca que la Corte Constitucional revise la norma.
Opositores como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano también cuestionan el procedimiento legislativo, alegando irregularidades y la inclusión de reformas no debatidas, como la eliminación del artículo 89 de Losep sobre estabilidad laboral. La ley, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, espera sanción o veto presidencial, mientras la UNE y sectores sociales preparan acciones legales para proteger los derechos de los trabajadores públicos.
