La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó el 30 de junio de 2025 una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública ante la Corte Constitucional, argumentando irregularidades en su forma y fondo, según explicó el presidente de la UNE, Andrés Quishpe.
Motivos de la demanda:
- Falta de unidad de materia: El proyecto del Ejecutivo, aprobado por la Asamblea, incluyó reformas a más de 20 leyes, afectando derechos de trabajadores, mujeres, niños y adolescentes.
- Violación de derechos: La ley elimina la estabilidad laboral y la compensación jubilar para servidores públicos que planeaban jubilarse a los 60 años, obligándolos a esperar hasta los 65.
- Criminalización de menores: Sanciona a adolescentes infractores como adultos, sin abordar a los reclutadores de menores en nueve provincias identificadas por la Policía.
- Evaluaciones punitivas: Las reformas permiten evaluaciones que atentan contra la estabilidad laboral de los servidores públicos.
Quishpe criticó que la Asamblea se arrogó competencias al aprobar una ley urgente sin respetar protocolos jurídicos, afectando derechos fundamentales. La UNE solicita suspender los artículos que violan la estabilidad laboral y la compensación jubilar.
La UNE convocó a una movilización el 11 de julio ante la Corte Constitucional para respaldar la demanda y llamó a otras organizaciones sociales a presentar acciones legales contra la ley, que consideran perjudicial para los derechos de los trabajadores y la justicia.
