Abogados contratados por Venezuela denunciaron el 12 de mayo de 2025 que 252 migrantes venezolanos, deportados por EE. UU. a El Salvador, enfrentan torturas físicas y morales en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad. Jaime Ortega, del bufete defensor, señaló que los presos, acusados sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua, sufren agresiones, aislamiento y condiciones inhumanas, según un documental del congresista Matt Gaetz. La defensa, sin respuesta a un habeas corpus presentado el 24 de marzo ante la Corte Suprema salvadoreña, exige su liberación y repatriación.
EE. UU. deportó a 288 migrantes, incluidos los venezolanos, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a una orden judicial del juez James Boasberg que la bloqueó. La ONU y expertos como Alice Jill Edwards denuncian posibles desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos, con reportes de golpizas y desnutrición en el Cecot. El fiscal venezolano Tarek Saab calificó las detenciones como crímenes de lesa humanidad, mientras Nicolás Maduro acusó a Nayib Bukele de violar derechos humanos.
Bukele propuso liberar a los venezolanos a cambio de que Maduro excarcele a 252 presos políticos, oferta rechazada por Caracas. El Salvador recibe $6 millones de EE. UU. por mantener a los deportados, pero la falta de acceso a abogados, familiares o información sobre su estado agrava la crisis. Organizaciones como Cristosal y ACLU critican la opacidad y el limbo jurídico de los presos, muchos sin antecedentes penales, deportados arbitrariamente.
