El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma integral a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, permitiendo la participación de empresas privadas y extranjeras en la exploración, producción y comercialización de crudo. Esta decisión marca un giro histórico en la política energética del país, que durante décadas mantuvo un control estatal estricto sobre el sector. La medida se alinea con la estrategia de reconstrucción e infraestructura impulsada bajo la influencia de la administración de Donald Trump, con el objetivo de atraer tecnología de punta y capital global para reactivar la producción petrolera y estabilizar la economía nacional.
El nuevo marco legal busca incentivar la entrada de compañías estadounidenses y globales en proyectos estratégicos, eliminando las trabas que impedían la inversión no estatal. Según el texto aprobado, la urgencia de frenar la caída en la extracción de crudo y diversificar las fuentes de divisas ha sido el motor principal para este cambio legislativo. Con esta apertura, el país sudamericano pretende modernizar su infraestructura energética y recuperar su posición en el mercado internacional, en un contexto de presión por lograr una estabilización económica a través de la cooperación con actores internacionales.
