La crisis política en Venezuela se trasladó este lunes 23 de febrero de 2026 a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Durante la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil Pinto, exigió formalmente a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según la denuncia oficial, ambos fueron capturados en Caracas a inicios de año mediante una operación militar estadounidense que, según el canciller, dejó un saldo de aproximadamente cien fallecidos. Gil calificó el hecho como una violación flagrante a la soberanía y un ataque directo contra un mandatario en pleno ejercicio de sus funciones.
Entre la denuncia y la diplomacia
Pese a la dureza del discurso contra Washington, el canciller reveló que se han establecido puentes de comunicación con el gobierno estadounidense para intentar resolver la situación:
- Canal Diplomático: Gil aseguró que existe una vía de diálogo abierta con Estados Unidos, aunque enfatizó que esta comunicación no implica subordinación, sino una búsqueda de una salida “civilizada” entre naciones.
- Gobierno de Transición: En su intervención, el canciller ratificó que la administración del país está ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, quien ha impulsado gestiones para estabilizar la posición internacional de Venezuela tras la captura de Maduro.
- Cooperación con la ONU: Como gesto de “buena voluntad”, se anunció la renovación de la cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, reabriendo espacios para el asesoramiento técnico y la observación internacional.
Reclamos por la soberanía y sanciones
El discurso del canciller Gil no se limitó a la situación de los detenidos. El representante venezolano insistió en que el respeto a la soberanía es fundamental para la paz regional y exigió el levantamiento total de las sanciones económicas que pesan sobre el país. Según el funcionario, estas medidas coercitivas agravan la situación humanitaria y complican el escenario político actual. La comunidad internacional observa con cautela este nuevo giro en la política venezolana, mientras el Consejo de Derechos Humanos evalúa las implicaciones legales de la detención de Maduro en territorio nacional por fuerzas extranjeras.
