El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió el 30 de junio de 2025 la renuncia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, acusándolo de “inacción” y “cobarde silencio” ante supuestas violaciones de derechos humanos en EE.UU. y El Salvador, incluyendo torturas y desapariciones de 252 venezolanos. Nicolás Maduro respaldó la postura, calificando la oficina de Türk como “secuestrada” por intereses de Washington y élites europeas.
Saab criticó a Türk por ignorar la crisis humanitaria en Gaza, donde, según el Ministerio de Sanidad, 549 palestinos murieron y 4,066 resultaron heridos desde el 27 de mayo intentando acceder a alimentos bajo bombardeos israelíes. Acusó al comisionado de no abordar la hambruna que obliga a familias a arriesgar sus vidas por comida, denunciando su inactividad como una afrenta al cargo.
Maduro afirmó que Türk politiza la oficina de la ONU, pasando por alto la persecución de migrantes venezolanos en EE.UU. y los asesinatos en Palestina, mientras prioriza agendas contrarias a los pueblos del sur global. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que el 1 de julio propondrán declarar a Türk “persona non grata” y retirar a Venezuela de la oficina mientras él permanezca en el cargo.
Rodríguez destacó el supuesto secuestro de 18 niños venezolanos en EE.UU. y 252 en El Salvador, exigiendo acciones de la Asamblea Nacional para repudiar a Türk. Las acusaciones reflejan la estrategia del gobierno venezolano de confrontar organismos internacionales, alegando parcialidad en la defensa de los derechos humanos.
El llamado a la renuncia de Türk y las críticas a su gestión intensifican las tensiones entre Venezuela y la ONU, en un contexto de denuncias por crisis migratorias y conflictos internacionales, mientras el gobierno de Maduro busca consolidar su narrativa de soberanía frente a presiones externas.
