En los últimos 20 años, los vicepresidentes de Ecuador han tenido un rol predominantemente social, con excepciones notables, según un análisis de los mandatos desde 2003. La actual vicepresidenta, María José Pinto, asumió funciones sociales tras el Decreto Ejecutivo n.º 3 firmado por el presidente Daniel Noboa el 24 de mayo de 2025, enfocándose en salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil. Esta asignación, que coordina con ministerios como Salud, Educación y el MIES, sigue la tendencia de priorizar políticas sociales, como lo hicieron siete de los diez vicepresidentes recientes, según datos históricos.
Pinto, del movimiento ADN, ha propuesto revitalizar el idioma quichua, amparada en el artículo 57 de la Constitución, que protege los derechos de los pueblos indígenas. En una entrevista con EL UNIVERSO, destacó su intención de articular programas sociales existentes, dándoles respaldo político para maximizar su impacto. Esta labor se alinea con predecesores como Lenín Moreno (2007-2013), quien gestionó la misión “Manuela Espejo” para personas con discapacidad, y Alfredo Borrero (2021-2023), quien lideró esfuerzos en salud pública. Sin embargo, la multiplicidad de tareas asignadas a Pinto, que incluyen cinco ministerios y secretarías, plantea retos de coordinación en un contexto de recursos limitados.
No todos los vicepresidentes han seguido esta línea social. Jorge Glas, bajo Rafael Correa, se encargó de sectores estratégicos y, en su segundo mandato con Lenín Moreno, de la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. Verónica Abad, en cambio, fue asignada a una misión diplomática en Israel, una tarea atípica que generó controversia por su traslado a Tel Aviv y su posterior suspensión política por dos años, según el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Estas excepciones, según analistas, reflejan intentos de los presidentes por diversificar el rol del segundo mandatario o, en el caso de Abad, limitar su influencia política.
La inestabilidad en la Vicepresidencia es notable: el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) tuvo cuatro vicepresidentes, con Jorge Glas y María Alejandra Vicuña saliendo por investigaciones de corrupción, y Otto Sonnenholzner liderando el Diálogo Social Nacional. Esta rotación, según el politólogo Cristian Carpio, evidencia la fragilidad institucional del cargo, que depende de las asignaciones presidenciales conforme al artículo 149 de la Constitución. La falta de un rol definido, sumada a tensiones políticas, como las vividas por Abad, ha llevado a cuestionar la efectividad del puesto en contextos de polarización.
El enfoque social de los vicepresidentes, aunque recurrente, enfrenta críticas por su ejecución. Programas como los de Pinto, que abarcan desde desnutrición hasta educación intercultural, requieren una coordinación interinstitucional robusta, algo que históricamente ha sido un desafío en Ecuador. Mientras Moreno y Borrero lograron avances en áreas específicas, la sostenibilidad de estas iniciativas a menudo depende del respaldo político y presupuestario del Ejecutivo. Con Noboa enfocado en seguridad y economía, Pinto enfrenta el reto de consolidar una agenda social ambiciosa en un país con 28% de pobreza multidimensional, según el INEC, marcando el rumbo del binomio presidencial hasta 2029.
