Víctimas de los secuestros de las extintas FARC, como el general retirado Luis Herlindo Mendieta y las ex candidatas presidenciales Íngrid Betancourt y Clara Rojas, expresaron su decepción y disconformidad con las primeras penas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP condenó a siete ex integrantes del último secretariado de la guerrilla a penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos”, lo que significa que no pagarán cárcel. Según las víctimas, la decisión beneficia a los victimarios, quienes cumplirán sus condenas en sus casas o a través de burocracia, dejando un sabor de impunidad.
Los condenados, entre ellos Rodrigo Londoño (alias Timochenko), fueron declarados penalmente responsables de crímenes de guerra como la toma de rehenes y homicidio, así como de crímenes de lesa humanidad como la privación de la libertad y desapariciones forzadas. Sin embargo, ninguno de ellos asistió presencialmente a la lectura de la sentencia. El general Mendieta, quien estuvo secuestrado por casi doce años, lamentó que la JEP no tuvo en cuenta las solicitudes de las víctimas, como la ubicación de los desaparecidos, y que a los ex miembros de las FARC les han dado presupuestos y escaños en el Congreso, mientras que los afectados han sido “objeto de exclusiones y estigmatización”.
Íngrid Betancourt, quien estuvo en cautiverio por más de seis años, declaró a W Radio que se siente “indignada y dolida” por lo que considera una “burla” a las víctimas. Clara Rojas, su compañera de secuestro, afirmó que el fallo deja una “sensación de falta de proporcionalidad” con el inmenso daño causado. Aunque la JEP precisó que las condenas incluyen trabajos restaurativos como la búsqueda de desaparecidos, las víctimas sostienen que la justicia y las FARC les “mintieron” al prometerles que la paz se construiría sobre la verdad, la justicia y la reparación.
