Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, destacó que la aprobación ciudadana del Legislativo aumentó del 9% en noviembre de 2024 al 32% en mayo de 2025, según afirmó durante la ceremonia de relevo de guardia de la Escolta Legislativa el 7 de mayo de 2025. En su rendición de cuentas, subrayó que en siete meses se aprobaron 60 leyes en temas clave como seguridad, economía, derechos laborales, gobiernos locales, seguridad social, biodiversidad, educación, salud y niñez, comprometiéndose a seguir legislando hasta el fin de su gestión. Veloz agradeció a los 136 asambleístas por priorizar el bienestar del pueblo ecuatoriano sobre diferencias políticas, destacando la resistencia del Legislativo frente a intentos de desestabilización.
La asambleísta de Revolución Ciudadana (RC) cuestionó las campañas de desprestigio impulsadas, según ella, desde el Ejecutivo de Daniel Noboa, que incluyen “mentiras y montajes” para desacreditar a la Asamblea. Veloz denunció una persecución sistemática contra su bancada, citando procesos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Fiscalía General, y acusó al gobierno de manipular información para generar odio. Como ejemplo, mencionó el rechazo a un incremento del IVA propuesto por Noboa, defendiendo que la Asamblea evitó cargar la crisis estatal sobre los sectores más vulnerables. También resaltó acciones de fiscalización, como la solicitud de un examen especial a la Contraloría por presuntas irregularidades en el Ministerio de Energía.
Veloz, quien asumió la presidencia en octubre de 2024 tras la renuncia de Henry Kronfle, enfatizó que la Asamblea ha mantenido transparencia, con puertas abiertas y acompañamiento de la Contraloría en sus procesos administrativos. Su gestión, marcada por tensiones con el oficialismo, incluyó controversias como el archivo de un juicio político contra vocales del Consejo de Participación Ciudadana en el caso Liga2, donde su voto fue decisivo. Pese a críticas de Acción Democrática Nacional (ADN) por supuestos nombramientos irregulares, Veloz insiste en la legitimidad de su administración y su compromiso con una agenda legislativa que beneficie a los ecuatorianos, en un contexto de polarización política rumbo al nuevo periodo legislativo.
