En sectores de la capital como Calderón, Quitumbe y los Valles, los asentamientos informales se han vuelto una constante. El bajo costo de los terrenos atrae a quienes sueñan con tener una casa propia, pero muchos desconocen que, al no estar en el mapa oficial de la ciudad, se enfrentarán a la ausencia de servicios básicos. La falta de escrituras de propiedad impide que el Municipio invierta en obras de infraestructura, lo que obliga a los moradores a financiar sus propias obras.
El proceso de regularización es un camino largo y arduo. Victoria Cevallos, presidenta del barrio Lomas Santa Faz, en el sur de Quito, relató cómo, después de 40 años de espera, 54 familias lograron finalmente obtener sus títulos de propiedad. En el barrio Santa Clara de Pomasqui, Édgar Quisilema contó que la regularización llegó después de ocho años de gestión. Ambos dirigentes recuerdan haber vivido sin agua ni luz y haber tenido que lidiar con la intermitencia del servicio, un problema que el alcalde Pabel Muñoz ha reconocido que afecta a los barrios que no tienen un título de propiedad.
Según Geovanna Chávez, directora del programa Regula Tu Barrio, los asentamientos informales nacen cuando propietarios de grandes macrolotes los fraccionan y los venden sin los permisos necesarios. La funcionaria señaló que los vendedores atraen a los compradores ofreciendo tours por los terrenos y facilidades de pago, como la reserva de un lote por solo $50. Esto genera un ciclo de pagos mensuales por una propiedad que no existe legalmente, lo que impide a los compradores acceder a créditos y servicios básicos. Para regularizar un barrio, se necesita que este cumpla con varios requisitos, como tener un mínimo de 35 lotes habitados y un comité barrial inscrito en el Ministerio de Desarrollo Urbano. Quito ha logrado reducir los asentamientos de 700 a 588, y en 2023 se entregaron casi 5.800 títulos de propiedad.
