La vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, se pronunció sobre la reciente deportación del periodista español Lautaro Bernat, confirmando que la medida se fundamentó en un informe de carácter reservado. Jaramillo indicó que la expulsión se sustentó específicamente en el artículo 143, numeral 7, de la Ley de Movilidad Humana. Dicho apartado permite la deportación a quienes hayan “cometido delitos contra la estructura del Estado constitucional cuya pena privativa de libertad sea menor a cinco años de acuerdo a la legislación penal”.
La vocera explicó que, si bien el informe reservado detallaba la comisión de “actos contra la seguridad nacional”, ella no podía proporcionar detalles al respecto debido a la confidencialidad del documento. Respecto a las denuncias de supuestas agresiones a la prensa cometidas por la fuerza pública durante las protestas, Jaramillo defendió que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas cumplen con los protocolos establecidos en sus labores. No obstante, añadió que cualquier inobservancia debe investigarse, ya que la violencia “no es aceptable”.
En el decimoquinto día del paro nacional, donde tanto el Gobierno como el movimiento indígena se han cerrado al diálogo, la vocera ratificó la postura de la administración. Jaramillo aseguró que el plan de entrega de incentivos tras la eliminación del subsidio al diésel “sigue en marcha y no vamos a detenernos”, reafirmando la continuidad de la política gubernamental en medio de la crisis social.
