El 13 de mayo de 2025, representantes de las comunidades Waorani de Pastaza se concentraron en el parque El Arbolito, Quito, para marchar hacia la Corte Constitucional y exigir una sentencia urgente sobre su derecho a la consulta previa, libre e informada, frente a la posible licitación del bloque Suroriente en sus territorios. La causa, registrada como N° 1296-19-JP y seleccionada en 2020 para establecer jurisprudencia, busca proteger más de 180,000 hectáreas de selva amazónica de la explotación petrolera, que amenaza su cultura y modos de vida. La Organización Waorani de Pastaza (OWAP), liderada por Luis Enqueri Alvarado, denunció que el proyecto, impulsado durante el gobierno de Rafael Correa y potencialmente reactivado por Daniel Noboa, viola sus derechos constitucionales.
La demanda se remonta a 2019, cuando la Corte Provincial de Pastaza falló a favor de 16 comunidades Waorani, reconociendo que la consulta de 2012 para el bloque 22 fue fraudulenta, realizada con engaños y sin garantizar información adecuada. El tribunal ordenó una nueva consulta culturalmente apropiada, pero el caso escaló a la Corte Constitucional para definir estándares vinculantes sobre el consentimiento indígena. Silvana Nihua, presidenta de OWAP, advirtió que la demora en el fallo, pendiente desde hace cinco años, deja en “limbo legal” los derechos de las comunidades, especialmente ante la Ronda Petrolera Suroriente, que podría concesionar sus tierras sin su autorización. Posts en X, como los de @ecuainm_oficial, reflejan la urgencia de la movilización, con los Waorani exigiendo un “diálogo intercultural” en su territorio.
El 8 de mayo, la OWAP presentó un escrito a la Corte, respaldado por una carta firmada por personalidades del cine, como Mark Ruffalo, quien también instó a Noboa a cumplir con el cese de la extracción en el Yasuní. Los Waorani solicitan que los jueces visiten sus comunidades para comprender el impacto de los proyectos extractivos, argumentando que la selva es su “hogar, mercado y farmacia”. La Corte enfrenta presión adicional por su renovación parcial en noviembre de 2024, cuando tres jueces serán reemplazados, lo que podría retrasar aún más la resolución. Silvana Nihua enfatizó que el 80% del territorio de Pastaza es indígena, albergando bosques críticos para la biodiversidad, y que la explotación petrolera pone en riesgo su supervivencia.
El caso Waorani es emblemático en la lucha por los derechos indígenas en Ecuador, donde la Amazonía concentra los principales campos petrolíferos. La sentencia de 2019, ratificada tras la apelación del Estado, sentó un precedente histórico al suspender la licitación del bloque 22 y proteger 180,000 hectáreas. Sin embargo, las comunidades temen que el Gobierno de Noboa, que planifica aumentar la producción petrolera a 540,000 barriles diarios, ignore estos avances. La movilización, apoyada por organizaciones como CONAIE y CONFENIAE, subraya la resistencia indígena frente a políticas extractivas, mientras la Corte Constitucional tiene la oportunidad de establecer un estándar global para la consulta previa y la autodeterminación de los pueblos originarios.
