El dirigente indígena y excandidato presidencial Yaku Pérez respondió al presidente Daniel Noboa, luego de que este lo invitara públicamente a realizar una marcha contra la minería ilegal. Pérez rechazó el señalamiento, enfatizando que su postura es clara y permanente:
“Estamos en contra de toda actividad antrópica que cause daños, degradación o afectaciones al agua, a los territorios… sea esta o que provenga de minería legal, ilegal, formal o informal, pequeña, mediana o grande. Que quede claro”, sentenció Pérez.
Recordó que su lucha no se limita a marchas, sino que incluye la presentación de denuncias penales y amicus curiae para proteger las vertientes de agua, como una “convicción por sensibilidad social, ecológica y defensa de la vida del planeta”.
Responsabilidad del Ejecutivo
Pérez recordó a Noboa que el combate directo a las economías criminales vinculadas a la minería ilegal es una responsabilidad inherente al Ejecutivo:
“La responsabilidad no solamente es nuestra, es sobre todo de usted. Porque usted, de acuerdo con los artículos 141 y 146 de la Constitución, es jefe de Estado y jefe de Gobierno; por lo tanto, es la autoridad máxima de la Policía y de los militares. En sus manos está el combate, si realmente quiere combatir estas economías criminales, accione”, afirmó Pérez.
El Origen del Conflicto
La respuesta de Pérez surgió tras las declaraciones de Daniel Noboa en una entrevista la noche del jueves 27 de noviembre, donde el presidente cuestionó a Pérez:
“Lo invito a Yaku Pérez a que vaya a hacer una marcha en las mineras ilegales. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tratan de parar ellos la minería ilegal? Los invito a que luchen con el Estado contra la minería ilegal”, dijo Noboa.
Noboa insistió en que la minería ilegal es “lo más dañino para nuestro medioambiente y para nuestra economía”, y destacó que su Gobierno ha cerrado 700 bocaminas en Buenos Aires, Imbabura, lo que, según él, representa el decomiso de “19 toneladas de plomo” en esa zona y en Azuay.
Antecedentes: La tensión entre ambos líderes se había profundizado previamente debido al proyecto minero Loma Larga en Azuay. Pérez había denunciado a Noboa, a su esposa Lavinia Valbonesi y a ejecutivos de la empresa por presunto tráfico de influencias y cohecho, una causa que fue archivada por la Corte Nacional de Justicia.
