La Contraloría General del Estado ha revelado una serie de preocupantes irregularidades en los patrimonios de jueces y fiscales a nivel nacional. Tras un exhaustivo proceso de revisión, el organismo de control ha detectado crecimientos patrimoniales inusuales en al menos diez jueces del país, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema judicial.
Para llevar a cabo estas auditorías especiales, la Contraloría se basó en diversas fuentes, incluyendo denuncias ciudadanas individuales, solicitudes directas de la Asamblea Nacional y la recopilación de información relevante difundida por los medios de comunicación. Desde noviembre de 2023, se han realizado 139 solicitudes especiales a los patrimonios de jueces y funcionarios judiciales, y 21 a fiscales, de los cuales 59 presentaron anomalías significativas. Actualmente, otros 52 solicitudes están en curso, con 19 de ellas enfocadas específicamente en fiscales.
Estos hallazgos refuerzan la preocupación sobre la infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia, una realidad que ha sido puesta en evidencia por resonantes casos como Metástasis, Purga y Plaga. Estos procesos judiciales han culminado en sentencias y sanciones disciplinarias para 26 funcionarios judiciales, según datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura, mostrando la magnitud del problema.
La Contraloría ha enfatizado que los informes con indicios de responsabilidad penal han sido remitidos directamente a la Fiscalía, con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes. En 2024, un total de 102 funcionarios judiciales fueron destituidos, aunque se abrieron 614 expedientes ese mismo año, lo que subraya el complejo y continuo desafío de sanear las instituciones judiciales frente a la corrupción.
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