El juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, aprobado el 13 de junio de 2025 por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, podría dejar inoperante al organismo si resulta en su destitución, ya que solo cuenta con tres vocales activos. La solicitud, impulsada por el asambleísta Fernando Jaramillo (ADN), acusa a Goyes de incumplimiento de funciones por no dar quórum en sesiones clave para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales, mandato de la consulta popular de 2024.
Jaramillo señala que Goyes abandonó abruptamente la sesión del 16 de abril y no asistió a la reinstalación del 22 de abril, impidiendo deliberaciones. Los asambleístas Ana Belén Tapia y José Luis Nango respaldaron la acusación, argumentando que su ausencia causó un “boicot institucional”. El oficialismo y Pachakutik lograron seis votos a favor, mientras el correísmo se abstuvo, alegando posible persecución. Goyes defendió que su retiro buscaba mejorar el reglamento para evitar nulidades, y acusó al presidente Mario Godoy de paralizar procesos durante nueve meses.
La Judicatura enfrenta una crisis agravada por la falta de vocales suplentes y el estancamiento en la designación de nuevos miembros, ya que ni el Ejecutivo ni la Asamblea han enviado ternas al CPCCS. La anulación de una terna previa por la nueva Asamblea, liderada por Niels Olsen, complica aún más el proceso. Si Goyes es destituida, el organismo no alcanzaría quórum, paralizando decisiones clave.
Expertos como Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, advierten que una censura generaría “caos” en la Judicatura, incapaz de cumplir sus funciones. Jorge Fabián Yánez, del Colegio de Abogados del Guayas, urge un cambio estructural en el sistema de justicia, incluyendo el CPCCS, que considera ineficaz. La situación refleja tensiones políticas y la fragilidad institucional del organismo.
Goyes, quien asumió como vocal principal en 2024 tras la detención de Xavier Muñoz, insiste en que acudirá a la Asamblea para demostrar que cumplió sus funciones. El proceso, en etapa de presentación de pruebas, podría profundizar la crisis judicial si no se resuelve el vacío de vocales, mientras el país espera una justicia más transparente y funcional.
