Ecuador obtuvo un crédito de $400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la violencia, según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 26 de junio de 2025. Este préstamo, enmarcado en el programa de reformas de política (PBP), busca mejorar la seguridad en 23 cantones vulnerables, beneficiando a 5.8 millones de habitantes, con un enfoque en menores, estudiantes y comunidades amazónicas.
El programa financiado incluye la creación de nuevos marcos normativos, mecanismos de coordinación interinstitucional y herramientas para el control de activos ilícitos, como parte de una respuesta integral frente al aumento de la inseguridad. El BID destacó la estrategia de Ecuador, que se alinea con la “Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo”, promoviendo la prevención del reclutamiento de menores y el combate al lavado de activos y la minería ilegal.
Se espera que para 2027, la tasa de homicidios en los cantones seleccionados se reduzca de 73.9 a 66.6 por cada 100,000 habitantes, y que la percepción de seguridad en comunidades educativas aumente en un 10%. Los recursos también fortalecerán las instituciones de seguridad y justicia, apoyando iniciativas como la Cumbre Latinoamericana de Seguridad de 2024, que trazó una hoja de ruta regional contra el crimen organizado.
Este financiamiento se suma a otros esfuerzos del gobierno ecuatoriano para captar recursos multilaterales, como los $260 millones obtenidos para el Ministerio del Interior y $110 millones del Banco Mundial para el Bono de los Mil Días. La ministra Sariha Moya enfatizó que estos fondos reflejan el compromiso de Ecuador con la seguridad como base para el desarrollo humano, un enfoque pionero reconocido por el BID.
A pesar de los avances, el país enfrenta desafíos como el déficit fiscal proyectado para 2025, que podría superar los $5,500 millones, y la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal. Este préstamo representa un paso clave para abordar la inseguridad, pero su éxito dependerá de una implementación efectiva y de la coordinación con otras iniciativas regionales y nacionales.
