El presidente Daniel Noboa celebró la captura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, el 25 de junio de 2025, en Manta, destacando que las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional fueron clave para el operativo. En una entrevista con CNN, Noboa respondió a críticas de grupos de derechos humanos y opositores, como Rafael Correa, sugiriendo que deberían “ponerse del lado de Fito” si cuestionan dichas leyes, que permiten operaciones de inteligencia sin orden judicial y protegen a policías y militares.
La captura de Fito, prófugo desde enero de 2024 tras escapar de la Cárcel Regional de Guayaquil, se realizó en un búnker en el sector La Tejedora, tras un operativo de diez horas sin disparos. Noboa resaltó la colaboración con Interpol y Emiratos Árabes, y anunció que Ecuador busca la extradición de Fito a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas. La operación fue aplaudida por la Embajada de EE. UU. y medios internacionales.
Opositores, como la legisladora Mariana Yumbay y analistas, cuestionaron que las leyes recientes hayan sido determinantes, argumentando que la captura responde a la responsabilidad del gobierno tras la fuga de Fito bajo su administración. Juristas como Lorena Villavicencio señalaron posibles inconstitucionalidades en las leyes y que el Sistema Nacional de Inteligencia no pudo reestructurarse en semanas, tildando el discurso oficial de “simbólico”.
El oficialismo, liderado por asambleístas como Niels Olsen y Valentina Centeno, defendió las normativas, destacando su rol en articular inteligencia y proteger a las fuerzas del orden. La captura, que incluyó a cuatro miembros de la seguridad de Fito, es vista como un golpe al crimen organizado, aunque persisten dudas sobre la efectividad de las leyes y su implementación frente a la violencia persistente en el país.
Noboa, desde su gira en China, enfatizó que la presencia de Fito en cárceles ecuatorianas es un riesgo, acelerando los trámites para su extradición. Mientras, el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad con críticas sobre derechos humanos y la necesidad de reglamentar las nuevas leyes para evitar abusos, en un contexto de alta violencia atribuida a bandas como Los Choneros.
