El 1 de julio de 2025, Florida abrió “Alligators Alcatraz”, un centro de detención para hasta 5,000 migrantes irregulares en una antigua pista de aterrizaje en los Everglades. Bautizado por el Fiscal General James Uthmeier, el proyecto utiliza la fauna local —caimanes y pitones— como barrera natural, reduciendo costos de seguridad.
Con 7,770 hectáreas rodeadas de pantanos hostiles, el complejo de cabinas prefabricadas busca disuadir escapes. Uthmeier destacó: “No hay dónde ir, solo caimanes y pitones”. La instalación, operativa en días, costará $450 millones anuales, con posible reembolso federal, según Tricia McLaughlin, del Departamento de Seguridad Nacional.
Críticos, como la oposición política, llaman al proyecto un “espectáculo de castigo”. Ambientalistas y activistas denuncian impactos ecológicos y condiciones inhumanas, con protestas por la falta de infraestructura adecuada en un área de calor extremo y sin agua potable suficiente.
El centro, respaldado por el gobernador Ron DeSantis y el presidente Donald Trump, refleja una política migratoria dura, alineada con la agenda de deportaciones masivas. Su construcción en una semana ha generado controversia y una demanda federal por parte de grupos ambientales.
“Alligators Alcatraz” establece un precedente al usar la geografía y la vida salvaje como herramientas de control migratorio, intensificando el debate sobre la ética y los costos de la detención de migrantes en EE.UU.
