Un grave caso de corrupción sacude a Ecuador: nueve personas fueron detenidas, de las cuales seis son agentes policiales activos, por la venta ilegal de armamento y municiones donadas por Estados Unidos. Lo más sorprendente: los envíos se realizaban mediante encomiendas desde Quito hasta Guayaquil, incluso entregados por los propios uniformados y en horario de trabajo. Algunos de los implicados ya buscan medidas sustitutivas para enfrentar el proceso en libertad.
Este episodio pone en evidencia el nivel de descomposición y la penetración del crimen organizado dentro de instituciones del Estado. Durante años, se ha denunciado que grupos criminales como Los Choneros, en alianza con cárteles mexicanos y mafias europeas, abastecen sus arsenales pese a las numerosas donaciones oficiales de armas para uso policial.
Expertos en seguridad han advertido que muchos de los homicidios violentos en Ecuador —el país con la tasa más alta de muertes dirigidas del continente— se ejecutan con armamento que circula en el país de forma irregular. Una parte significativa de las armas confiscadas no tiene trazabilidad, lo que facilita su desvío hacia redes delictivas.
Este caso se suma a otros escándalos que han revelado filtraciones de armas desde arsenales oficiales hacia estructuras criminales. Hoy se plantea con urgencia la necesidad de fortalecer el control interno, transparencia y responsabilidad dentro de los cuerpos de seguridad.
