La Comisión de Desarrollo Económico, con ocho votos a favor, aprobó el informe para el primer debate del proyecto de ley de Transparencia Social, presentado con urgencia económica por el presidente Daniel Noboa. El texto, que regula organizaciones de la sociedad civil, pasará al pleno de la Asamblea Nacional tras la sesión del 13 de agosto de 2025, presidida por Valentina Centeno (ADN).
El proyecto, con 16 artículos y disposiciones varias, establece la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sobre organizaciones sin fines de lucro, clasificándolas por riesgo según recursos, origen de fondos, alcance territorial e impacto social. También exige registro en el Sistema Unificado de Información y prohíbe que las medidas de control se usen para persecución política.
Además, el informe aborda la retención de fondos congelados por lavado de activos o financiamiento del terrorismo, ordenando su transferencia a una cuenta estatal en 30 días. Incluye reformas tributarias para contribuyentes del Impuesto a la Renta Único, con condiciones de devolución y un impuesto del 12% sobre dividendos distribuidos. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocará al pleno para el primer debate.
