La Conaie y sus regionales denunciaron el 22 de agosto de 2025 un patrón de persecución y espionaje contra Leonidas Iza, expresidente de la organización, responsabilizando al Estado ecuatoriano por intentar “intimidar y debilitar” a defensores de la justicia indígena. Esto sigue a la denuncia del 20 de agosto contra Iza por presunto secuestro de tres policías retenidos en San Ignacio, Cotopaxi, desde el 18 de agosto, acusados de atentar contra él durante labores de inteligencia.
Los uniformados, liberados el 21 de agosto tras ser juzgados por un tribunal indígena de la Unocanc por “invadir” territorio indígena, enfrentaron un habeas corpus de la Policía Nacional. La Conaie calificó estas acciones como “persecución política” que busca sembrar miedo y división, exigiendo el cese del espionaje y cuestionando si el Estado opera una oficina de vigilancia política.
La organización defendió la justicia indígena como un derecho constitucional bajo el artículo 171 y convenios internacionales, afirmando que su violación altera la vida colectiva. La Conaie instó al Gobierno a respetar la plurinacionalidad y garantizar los derechos colectivos, advirtiendo sobre el impacto de estas prácticas en la cohesión social.
