La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el 29 de agosto de 2025 su preocupación por las amenazas a la independencia de la Corte Constitucional (CC) de Ecuador, tras acusaciones del presidente Daniel Noboa y sus ministros de supuestos vínculos de los jueces con el crimen organizado. Estas declaraciones surgieron en el contexto de demandas de inconstitucionalidad contra las leyes de Integridad Pública, Solidaridad Nacional y de Inteligencia.
La CIDH señaló que los discursos de altas autoridades y un ambiente digital hostil atentan contra la autonomía judicial y podrían comprometer la seguridad de los magistrados y sus equipos. El organismo instó al Estado a garantizar una justicia constitucional sin interferencias y proteger la integridad de los operadores judiciales.
La Comisión recordó a Ecuador su obligación internacional de asegurar el libre ejercicio de la Corte Constitucional, especialmente en la verificación de estándares de derechos humanos en leyes de aplicación general.
