La Fiscalía General del Estado abrió, el pasado 25 de septiembre, una investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado contra 58 personas vinculadas a distintos sectores sociales, indígenas, campesinos y ambientales.
Entre los investigados se encuentran Marlon Vargas, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE); José Esach Puenchir, presidente de la CONFENIAE; Lizardo Zhagui, dirigente de las Juntas de Agua de Victoria del Portete en Azuay y referente en la lucha por Kimsacocha; David Fajardo, integrante del Cabildo del Agua y del colectivo Yasunidos; así como Belén Páez, directora ejecutiva de Fundación Pachamama, y Paolina Vercoutier, viceprefecta de Imbabura. También consta José Cueva, activista de Intag.
La lista incluye a dirigentes de comunidades amazónicas, colectivos de derechos humanos, organizaciones ambientales, agrupaciones campesinas y sectores de transporte.
La apertura de esta investigación se da en el marco de las jornadas de protesta por el Paro Nacional, convocadas contra las medidas económicas y de ajuste impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado públicamente las pruebas que motivaron la investigación. Los dirigentes aludidos no han emitido de manera conjunta un pronunciamiento oficial, aunque en redes sociales se han manifestado voces que consideran este proceso como un intento de amedrentamiento frente a la movilización social.
