La decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional continúa generando reacciones en el ámbito político. Este sábado, las ministras y ministros del Gobierno salieron al frente con críticas directas al máximo órgano de control constitucional y con un renovado llamado a respaldar la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, cuestionó el fallo y aseguró que la Corte actúa en contra de los intereses del país. “A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos para quiénes trabajan y a quiénes sirven”, afirmó.
Rovira sostuvo que con esta decisión “se le arrebatan a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos” y añadió que, al suspenderse estas normativas “bajo el lema de ‘proteger derechos’, en realidad se protegen los de los delincuentes y los de quienes están detrás de ellos”.
En la misma línea, el ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que el país necesita una nueva Carta Magna. “El Ecuador no puede seguir con estructuras jurídicas que solapan la impunidad y la corrupción, que protegen más a los criminales que a los ciudadanos honestos”, señaló.
Reimberg defendió la instalación de una Asamblea Constituyente como la vía para “reescribir las reglas con valentía, bajo verdaderos mecanismos democráticos y con la gente como prioridad”.
El pronunciamiento del Ejecutivo refuerza el discurso oficial de que el camino para enfrentar la violencia y la crisis institucional pasa por un rediseño constitucional, en medio de un escenario de fuertes tensiones entre el Gobierno y la Corte Constitucional.
