La Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra sumergida en una controversia ética y política tras la aprobación de un informe de fiscalización que libera de toda responsabilidad a las autoridades gubernamentales en el polémico caso Progen. Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia y asambleísta por el bloque oficialista ADN, lideró la sesión virtual este viernes 19 de diciembre de 2025, donde se validó el documento a pesar de las contundentes pruebas de irregularidades administrativas. El caso Progen investiga contratos fallidos para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, los cuales, según la Contraloría, presentan un perjuicio económico de aproximadamente sesenta y nueve millones de dólares por equipos obsoletos, falta de experiencia del proveedor e incumplimiento de cronogramas en plena crisis energética nacional.
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La gestión de Jácome ha sido duramente cuestionada tras la difusión de videos donde se observa cómo impide el uso del micrófono y la presentación de documentación clave al asambleísta Blasco Luna. Estas acciones, denunciadas por el legislador Roque Ordóñez como una estrategia deliberada de encubrimiento, habrían evitado que se incorporen testimonios y evidencias que vinculan a ministros y exviceministros con las fallas contractuales. Mientras la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por presunto peculado en el denominado “caso Apagón”, la mayoría oficialista en la comisión decidió cerrar la etapa legislativa sin señalar culpables políticos, recomendando únicamente que las instancias penales continúen sus procesos externos. Este desenlace ha generado indignación ciudadana, pues se percibe como un blindaje institucional que protege al círculo cercano del presidente Daniel Noboa a pocos días del receso legislativo.
