El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió el 17 de mayo de 2025 a la Asamblea Nacional su primer proyecto de ley económica urgente del nuevo periodo legislativo 2025-2029, titulado “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”. La iniciativa, presentada desde Roma durante su asistencia a la misa inaugural del papa León XIV, busca establecer un marco jurídico para desmantelar las finanzas de grupos criminales, proteger a la ciudadanía y reactivar la economía en zonas afectadas por la violencia.
El proyecto, calificado como urgente en materia económica, otorga a la Asamblea, liderada por Niels Olsen del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), 30 días para su aprobación o rechazo, requiriendo 77 votos. De no aprobarse, entrará en vigor por el ministerio de la ley. La propuesta incluye medidas financieras, tributarias y de seguridad, con dos ejes principales: incentivos económicos para apoyar a la fuerza pública y reformas penales para endurecer sanciones contra el crimen organizado.
Entre las medidas económicas, destaca la reducción del impuesto a la renta para quienes donen suministros a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y la creación de incentivos anuales para pequeños productores, jóvenes, artesanos y emprendedores en zonas afectadas, previa aprobación del ministerio de Finanzas. También se proponen zonas de seguridad en áreas estratégicas bajo amenaza criminal, con regulaciones especiales y presencia estatal reforzada para frenar el avance de grupos armados.
En el ámbito penal, el proyecto reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para crear una sección específica sobre delitos en el contexto del conflicto armado interno, declarado por Noboa en enero de 2024 tras una ola de violencia que incluyó la toma de TC Televisión. Se tipifica como delito la pertenencia a grupos armados organizados, con penas de 22 a 26 años de prisión, y hasta 30 años para líderes o financistas. Además, se establece la prisión preventiva como norma en delitos contra bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario, y se crean jueces especializados en conflicto armado interno, una categoría inexistente en la justicia ordinaria.
El proyecto autoriza el uso inmediato de armas, explosivos y municiones incautados por la Policía y Fuerzas Armadas, y permite allanamientos sin orden judicial en lugares donde operen grupos criminales, con control posterior por jueces especializados. Propiedades usadas para actividades ilícitas, como narcotráfico, minería ilegal, extorsión o lavado de activos, serán consideradas “objetivos militares” y podrán ser intervenidas directamente. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) tendrá nuevas atribuciones para rastrear operaciones sospechosas, priorizando la cooperación internacional.
El Bloque de Seguridad, liderado por el presidente como comandante en jefe, coordinará acciones militari es y de inteligencia, con obligatoriedad de colaboración de entidades públicas y privadas. La ley reconoce formalmente el conflicto armado interno mediante decreto ejecutivo, distinto al estado de excepción, permitiendo medidas extraordinarias sin intervención de organismos internacionales, bajo el principio de soberanía.
Juristas y analistas, como Mauricio Cueva, han señalado riesgos constitucionales, especialmente en la prisión preventiva automática y los allanamientos sin orden judicial, que podrían violar derechos humanos y enfrentar condenas internacionales, como las emitidas contra México en 2023 y 2024. Alberto Acosta Burneo considera la iniciativa multidisciplinaria y necesaria, pero advierte sobre la falta de datos precisos sobre el volumen de las economías criminales, estimado en $261,000 millones según un estudio del BID de 2014. La violencia, con un promedio de un asesinato por hora en 2025, subraya la urgencia de la propuesta, aunque su éxito dependerá de su implementación y del control judicial.
Noboa, quien enfrenta un repunte de homicidios tras una reducción en 2024, busca con esta ley consolidar su estrategia contra el crimen organizado, responsable de la escalada de violencia que posicionó a Ecuador como líder en homicidios en Latinoamérica en 2023. La Asamblea, dominada por ADN, deberá equilibrar la urgencia de la seguridad con las preocupaciones legales para evitar que la norma agrave tensiones con la Corte Constitucional o genere mayor inestabilidad.
