El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que la vigilancia se ha intensificado ante reportes de inteligencia que sugieren un posible intento de evasión. Chávez, condenada a más de once años de prisión, permanece a la espera de un salvoconducto que el gobierno peruano se resiste a entregar.
🛡️ Operativo de seguridad “Cierre de brechas”
La estrategia policial contempla un control estricto en puntos estratégicos de la capital peruana:
- Embajada de México: Un contingente de veinticinco agentes custodia permanentemente la residencia diplomática.
- Despliegue total: Un promedio de treinta y seis miembros de la institución han sido distribuidos en diversos sectores de Lima para monitorear movimientos sospechosos.
- Riesgos identificados: Arriola advirtió que la exfuncionaria podría intentar burlar la seguridad mediante el uso de vehículos con inmunidad diplomática, donde la policía tiene restricciones legales para intervenir.
⚖️ El conflicto por el asilo
Betssy Chávez, pieza clave en el gobierno de Pedro Castillo, se encuentra en una situación jurídica y diplomática compleja:
- Condena: Recibió una sentencia de once años y cinco meses de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado de dos mil veintidós.
- Estatus: Ingresó a la sede mexicana días antes de su sentencia, obteniendo el asilo político, lo que derivó en la ruptura de relaciones entre Perú y México.
- Postura del Gobierno: El mandatario interino, José Jerí, anunció que el análisis para otorgar el salvoconducto será por tiempo indefinido, manteniendo a Chávez en un “limbo” diplomático.
🌎 Debate en la OEA
El caso ha trascendido las fronteras peruanas, llevando al canciller Hugo de Zela a plantear una reforma internacional ante la OEA:
- Crítica al sistema: El canciller advirtió sobre una “evolución negativa” del derecho de asilo, señalando que se está usando para eludir la justicia en estados democráticos.
- Convención de Caracas: Perú busca que el Comité Jurídico Interamericano revise los tratados de mil novecientos cincuenta y cuatro para evitar la impunidad de sentenciados por delitos comunes o políticos no perseguidos.
- Garantías: De Zela insistió en que en Perú prevalece el debido proceso y que no existe persecución política, sino una respuesta judicial a actos contra el orden constitucional.
Este escenario mantiene en vilo la relación multilateral en la región, mientras Lima espera que las celebraciones de Año Nuevo no se conviertan en el escenario de una nueva crisis diplomática.
