Según el informe de resultados del tercer trimestre de dos mil veinticinco, la firma incorporó estos recursos a su caja el pasado tres de noviembre, lo que le permitió reducir su ratio de endeudamiento. El Gobierno, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta transferencia millonaria.
⚖️ El origen de la controversia y el arbitraje
La disputa se originó tras la finalización de la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y su traspaso al Estado en noviembre de dos mil veinticuatro:
- Garantías retenidas: Al extinguirse la licencia, el Estado debía liberar dos garantías (una operativa y una ambiental) que sumaban ochenta y cuatro millones de dólares.
- Demanda ante el Ciadi: Debido a retrasos en el reembolso y la negativa inicial de Citibank Ecuador por supuestos fallos formales, Pampa Energía demandó al país en mayo de dos mil veinticinco (proceso ARB/25/19).
- Liberación: Finalmente, el veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, el Estado notificó la expiración de las garantías, haciendo efectivo el pago días después.
🔍 Cuestionamientos y pedidos de auditoría
La liberación de estos fondos ha levantado alertas en diversos sectores:
- Irregularidades ambientales: El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano califica la liberación como “irregular”, asegurando que se entregaron los fondos sin haber solventado pasivos ambientales ni formalizado la entrega total de activos.
- Fiscalización legislativa: Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Comps Córdova y Verónica Íñiguez, han solicitado a la Contraloría un examen especial sobre esta devolución.
- Respuesta de Contraloría: Hasta el momento, la entidad ha informado sobre dos exámenes previos: uno de dos mil veintiuno sobre obligaciones ambientales y otro aprobado en dos mil veinticinco referente a la transferencia de acciones al Estado.
📈 Contexto de la operación
Pampa Energía consolidó su control sobre el OCP en septiembre de dos mil veinticuatro, tras adquirir el treinta y seis por ciento restante de las acciones por veintitrés millones de dólares. Tras veinte años de concesión privada, el Estado asumió la administración del oleoducto, liderando la gestión de los activos hidrocarburíferos por un periodo inicial de seis meses.
Actualmente, el procedimiento de arbitraje en el Ciadi figura como “pendiente”, mientras el tribunal procesal, presidido por el árbitro mexicano Eduardo Siqueiros, continúa con las diligencias del caso.
