La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó formalmente este lunes, 29 de diciembre de 2025, dos solicitudes de juicio político que agitan el panorama legislativo. El primer pedido está dirigido contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por el presunto incumplimiento de funciones en relación con las denuncias de presiones y amenazas reportadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano. Según los legisladores proponentes, estas alertas surgieron tras la sentencia por lavado de activos dictada contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, quien habría amenazado al magistrado durante la audiencia.
La asambleísta Viviana Veloz, una de las impulsoras del proceso, enfatizó que la reciente recomendación de renuncia emitida por el Ejecutivo no detendrá el trámite parlamentario. Para la legisladora, el enjuiciamiento es necesario para determinar las responsabilidades políticas de Godoy, incluso si este optara por dejar su cargo antes de la censura. El documento fue remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, con la expectativa de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique la solicitud de forma inmediata para su posterior tratamiento en la Comisión de Fiscalización.
Por otro lado, el legislador Luis Fernando Molina oficializó una segunda solicitud de juicio político contra cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), incluyendo a su presidente, Andrés Fantoni. El argumento central se basa en presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Molina sostiene que las autoridades habrían vulnerado principios constitucionales de legalidad, probidad y transparencia, comprometiendo la seguridad jurídica del país mediante un ejercicio irregular de sus competencias.
Ambos procesos deberán esperar a la finalización del receso legislativo para que el CAL proceda con la revisión técnica de las firmas de respaldo y la documentación adjunta. De ser calificados, estos juicios políticos marcarán el inicio de la agenda de fiscalización de la Asamblea Nacional para el primer trimestre de 2026, en un contexto de alta tensión entre las funciones del Estado y los organismos de control judicial y social.
