Nuevos hallazgos en la investigación sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile han revelado pruebas contundentes que apuntan a una planificación desde territorio venezolano. Según el expediente judicial, el análisis de las comunicaciones de los sospechosos y el rastreo de transferencias financieras demuestran que el operativo no fue un hecho de delincuencia común, sino una acción coordinada por estructuras vinculadas al aparato de inteligencia de Venezuela. El secuestro, ejecutado por sujetos que simularon ser policías chilenos, contó con una logística avanzada que incluyó el uso de vehículos clonados y rutas de escape previamente establecidas, lo que refuerza la tesis de un crimen con fines políticos transnacionales.
El Ministerio Público de Chile ha identificado a los autores materiales, varios de los cuales huyeron de regreso a la nación caribeña tras concretar el homicidio. Las autoridades chilenas sostienen que la orden para ejecutar a Ojeda, un abierto opositor al gobierno de Nicolás Maduro que contaba con refugio político, se originó en Caracas para silenciar su activismo en el exterior. Esta situación ha generado una crisis diplomática entre ambos países, ya que la administración de Gabriel Boric exige la extradición inmediata de los implicados que se encuentran protegidos bajo jurisdicción venezolana. La evidencia recolectada incluye testimonios clave y peritajes balísticos que conectan a los perpetradores con grupos irregulares que operan bajo el amparo de instituciones estatales venezolanas.
