El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva serie de sanciones dirigidas a una red de empresas y embarcaciones acusadas de facilitar el transporte y comercio de crudo venezolano, desafiando las prohibiciones previas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros detalló que estas entidades operaban bajo esquemas opacos para evadir el cerco internacional y permitir que la administración de Nicolás Maduro continuara percibiendo ingresos por la venta de hidrocarburos. Las medidas implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar cualquier tipo de transacción comercial con los señalados en la lista oficial.
Esta acción marca un incremento en la presión diplomática y económica de Washington sobre el palacio de Miraflores, buscando debilitar la estructura financiera que sostiene al aparato estatal. Según portavoces de la administración norteamericana, el uso de barcos con banderas de conveniencia y sociedades pantalla en diversas partes del mundo ha sido una táctica recurrente del régimen para burlar la vigilancia naval. Con estas nuevas designaciones, las autoridades buscan cerrar los canales logísticos que permiten la salida de combustibles residuales y petróleo pesado, advirtiendo además a otros actores internacionales sobre las consecuencias de colaborar con la estatal PDVSA
