El gobierno de Estados Unidos evalúa la contratación de empresas de seguridad privada para custodiar las instalaciones petroleras y energéticas en Venezuela. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump prefiere esta modalidad sobre el despliegue directo de soldados estadounidenses para evitar una permanencia militar extendida en territorio extranjero. Esta estrategia surge tras la captura de Nicolás Maduro, lo que ha generado un escenario de incertidumbre donde la protección de activos frente a grupos criminales y cárteles resulta prioritaria para reactivar la producción de crudo. La administración necesita ofrecer garantías de seguridad a largo plazo para incentivar la reinversión de las grandes corporaciones energéticas.
Diversas compañías del sector de defensa ya han manifestado su interés en participar en estas operaciones, dadas las importantes asignaciones presupuestarias que suelen acompañar a este tipo de contratos internacionales. El Departamento de Defensa ha emitido solicitudes de información para medir la capacidad de respuesta de los contratistas en el contexto venezolano. Paralelamente, se mantiene la coordinación con el Departamento de Estado para planificar la seguridad ante una eventual reapertura de la embajada en Caracas. El objetivo central es estabilizar la infraestructura clave del país suramericano y asegurar que la transición política cuente con el respaldo logístico necesario para la recuperación económica del sector hidrocarburos.
