Bajo un nuevo esquema de seguridad nacional, el presidente Daniel Noboa dispuso que la protección oficial para los parientes del binomio presidencial y de la secretaría de la Administración ya no sea discrecional, sino que dependa estrictamente de un informe de perfil de riesgo. Esta reforma, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 281, otorga a la Casa Militar Presidencial la potestad técnica para decidir quiénes deben recibir custodia según las amenazas detectadas. Además, la normativa suprime la restricción previa que impedía a la vicepresidenta María José Pinto contar con seguridad oficial fuera del país, permitiendo ahora que el resguardo la acompañe en misiones internacionales.
La nueva disposición deroga normativas de 2021 y 2024, ajustando los protocolos de seguridad a las necesidades operativas de la Presidencia de la República. El cambio fundamental radica en que la asignación de recursos estatales para protección estará ahora sujeta a una “condición de recepción” validada por especialistas militares. Este enfoque busca optimizar el uso de los efectivos de la Casa Militar, enfocándolos en casos donde el riesgo personal esté debidamente comprobado mediante criterios profesionales. La medida también abarca a los servidores públicos que laboran directamente en Carondelet, quienes deberán someterse a evaluaciones técnicas para justificar la permanencia de sus esquemas de resguardo.
