La detención de Juan Diego Gómez Toral, Gladys Orellana y Gustavo Domínguez en Venezuela ha desatado una grave denuncia por violación de derechos humanos. Los tres ciudadanos mexicanos, dedicados al comercio de mariscos, viajaron a la Isla de Margarita en septiembre de 2025 para concretar negocios legítimos de exportación. Al aterrizar, fueron interceptados por el Grupo de Operaciones Especiales bajo el argumento de que el empresario que los invitó estaba siendo investigado. Rosalía Toral, madre de Juan Diego, denunció que su hijo ha sido sometido a interrogatorios intimidatorios y terror psicológico extremo, permaneciendo en una desaparición forzada durante ocho días antes de ser presentado ante un tribunal de terrorismo. La familia sostiene que no existe evidencia de actividades ilícitas y que se trata de un arresto arbitrario con fines posiblemente extorsivos o políticos.
Actualmente, los detenidos enfrentan condiciones inhumanas en centros de reclusión de Caracas. Los hombres se encuentran en el Comando Nacional Antidrogas Las Acacias, en una celda de dos metros cuadrados sin ventilación ni servicios básicos, donde son obligados a dormir en el suelo y realizar sus necesidades en recipientes de cloro. Por su parte, Gladys Orellana permanece recluida en la cárcel de mujeres Las Crisálidas. A pesar de los esfuerzos de la embajada de México por asistir a sus nacionales, el gobierno venezolano ha ignorado sistemáticamente las notas verbales enviadas. La defensa privada ha sido impedida por el tribunal, dejando a los empresarios en un estado de indefensión total tras más de cien días de encierro. Los allegados exigen una intervención más firme del gobierno de Claudia Sheinbaum para lograr la repatriación de sus familiares ante el evidente deterioro de su integridad.
