La gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta un nuevo revés judicial tras la denuncia presentada este lunes 26 de enero de 2026 ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado. La acción legal, impulsada por el concejal Wilson Merino, surge tras un examen de la Contraloría que detectó inconsistencias en la compra de 60 trolebuses eléctricos realizada entre abril y mayo de 2025. Según el organismo de control, el proceso, que contó con la intermediación de la oficina de las Naciones Unidas (UNOPS) y tuvo un costo de 35300000 de dólares, no cumplió con las normas de contratación pública y habría generado perjuicios económicos a la ciudad.
Además de las glosas impuestas por la Contraloría que suman 2500000 de dólares, el informe advierte sobre fallas críticas en las especificaciones técnicas, seguridad y diseño operativo de los vehículos, lo que podría representar un riesgo para los usuarios. Merino señaló que tanto él como su equipo han recibido amenazas de muerte tras hacer públicos estos hallazgos, los cuales también involucran al secretario de Movilidad, Álex Pérez, y al gerente de la Empresa de Pasajeros, Xavier Vásquez. Mientras la Fiscalía asigna un fiscal para abrir las diligencias bajo el artículo 278 del COIP, la Asamblea Nacional también aprobó un proceso de fiscalización para determinar responsabilidades políticas en esta negociación.
