La justicia francesa ha dado un paso sin precedentes en su ofensiva contra la red social X. Este martes 3 de febrero de 2026, agentes judiciales allanaron las oficinas de la plataforma en Francia como parte de una investigación que busca desentrañar el funcionamiento de sus algoritmos y su presunta responsabilidad en la difusión de contenido delictivo. Paralelamente, la fiscal de París, Laure Beccuau, emitió una citación formal para que Elon Musk y la exdirectora ejecutiva Linda Yaccarino comparezcan en la capital francesa el próximo 20 de abril para una “audición voluntaria”.
El caso, que se originó a inicios de 2025 tras denuncias de diputados sobre sesgos algorítmicos que pondrían en riesgo la democracia, ha crecido hasta incluir delitos graves como la complicidad en la difusión de pornografía infantil. Además, el asistente de inteligencia artificial de la red, Grok, está bajo la lupa por haber generado contenido que niega el Holocausto —un delito penado en Francia— y por la creación de imágenes falsas de carácter sexual (deepfakes).
El “enfoque constructivo” frente al precedente de Kick
A diferencia de lo ocurrido con la plataforma Kick, donde la justicia francesa emitió órdenes de detención contra sus gerentes tras la muerte en directo de un streamer, en el caso de X la fiscalía ha optado por un llamado a declarar voluntario. Según el comunicado oficial, se busca una vía de diálogo para que la empresa exponga sus medidas de cumplimiento con la legislación europea y francesa. Sin embargo, la advertencia es clara: la justicia no tolerará la impunidad ante contenidos que violen las leyes sobre crímenes contra la humanidad.
Tensión diplomática con Estados Unidos
La investigación ha escalado a un conflicto transatlántico. Mientras la Comisión Europea también mantiene un expediente abierto contra X por las imágenes de menores generadas por IA, desde Washington se ha condenado el proceso francés, calificándolo de “acto de censura extranjera”. El gobierno estadounidense ha prometido defender la libertad de expresión de sus ciudadanos y empresas, mientras que X insiste en que las pesquisas están “motivadas políticamente”, defendiendo que sus normas de moderación son estrictas y públicas.
