El tribunal de juzgamiento, conformado por los jueces Jorge Sánchez, Clara Soria y Andrés Muñoz, resolvió que el recurso horizontal presentado por la defensa de una de las empresas procesadas no tiene fundamento. La resolución judicial enfatiza que no existe oscuridad u omisión en las decisiones previas, señalando que el peticionario pretendía cuestionar el criterio de los jueces bajo una figura procesal inadecuada. Esta negativa ocurre tras el diferimiento de la audiencia prevista para finales de enero, sumando un tercer retraso en la instalación de la etapa final de este proceso penal de alta relevancia nacional.
La causa investiga la presunta comercialización ilegal de derivados de petróleo, donde se encuentran vinculadas dieciséis personas naturales, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis compañías. La Fiscalía General del Estado estima un perjuicio económico superior a los 61 millones de dólares por el desvío de más de 22 millones de galones de combustible subsidiado hacia sectores no autorizados. Tras la resolución de este incidente legal, el tribunal deberá fijar una nueva fecha para dar inicio al juicio por este delito de gran escala que afecta los recursos estratégicos del Estado ecuatoriano.
