El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene previsto difundir este viernes 13 de febrero la convocatoria oficial para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE). Este concurso de méritos y oposición busca designar al reemplazo definitivo de Diana Salazar, quien dejó el cargo en mayo de 2025. Quien resulte electo desempeñará sus funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección, liderando una de las instituciones más críticas del sistema de justicia ecuatoriano.
Requisitos y especializaciones admitidas
Para garantizar la idoneidad del cargo, la Comisión Ciudadana de Selección ha definido que los aspirantes deben acreditar al menos diez años de ejercicio profesional, judicatura o docencia universitaria en materia penal. Además, se han especificado diez ramas del derecho en las que los candidatos deben poseer títulos de tercer nivel:
- Derecho penal y procesal penal.
- Criminología, seguridad pública y política criminal.
- Derecho constitucional y derechos humanos.
- Litigación oral en materia penal.
- Menores y adolescentes infractores.
- Gestión pública y derecho internacional en materia penal.
Cronograma y rigurosidad del proceso
El reglamento establece un sistema de “tolerancia cero” frente a la documentación: cualquier expediente que no incluya la totalidad de los requisitos será inadmitido de inmediato, sin posibilidad de que la Comisión solicite documentos faltantes a otras instituciones.
| Hito del Proceso | Fecha Prevista |
| Difusión de convocatoria | Viernes, 13 de febrero de 2026 |
| Inicio de inscripciones | Miércoles, 18 de febrero de 2026 |
| Cierre de postulaciones | Martes, 3 de marzo de 2026 (17:30) |
El proceso ha estado marcado por tensiones internas en la Comisión Ciudadana. Durante la aprobación del texto de convocatoria, se evidenciaron roces entre comisionados respecto al manejo de las sesiones y la puntualidad de las convocatorias, reflejando la complejidad política que rodea la selección de la máxima autoridad de control penal en el país.
