La administración municipal de Guayaquil enfrenta un giro histórico tras el dictamen de prisión preventiva emitido este miércoles 11 de febrero contra el alcalde Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y otras dos personas en el denominado caso Goleada. Alvarez es investigado por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, cargos que se suman a su juicio previo en el caso Triple A por comercialización ilegal de combustibles. Ante este escenario, la cúpula municipal compareció en rueda de prensa para ratificar que la operatividad de la ciudad no se verá interrumpida.
Tatiana Coronel, en su calidad de vicealcaldesa subrogante, rechazó la medida judicial y enfatizó que el Municipio cuenta con un equipo técnico y una hoja de ruta que trasciende la coyuntura política. Según Coronel, existe un programa anual de presupuesto y un plan de desarrollo estructurado hasta el 2031 que garantiza que las obras, procesos administrativos y programas sociales sigan su curso. Como muestra de esta gestión, destacó el reciente lanzamiento de becas de estudio y la entrega programada de 35 nuevos buses para la Metrovía este viernes.
Por su parte, Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal y presidente de Segura EP, aseguró que los servicios esenciales funcionan con normalidad y que la planificación actual permite que cada dirección mantenga su ritmo de trabajo. Cornejo subrayó que el alcalde se encuentra “con más fuerza que nunca” y que el reto de la actual administración será sostener la visión de ciudad implantada por Alvarez. Para este jueves, se ha anunciado una marcha en respaldo al burgomaestre y en rechazo a las investigaciones en su contra.
