La tensión política aumentó este martes 17 de febrero tras la aprobación del informe para segundo debate de la Ley Reformatoria al Cootad en la Comisión de Desarrollo Económico. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, lideró las críticas contra la iniciativa del presidente Daniel Noboa, argumentando que el proyecto impone una “lógica de hierro y cemento” al exigir que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen el 70% de su presupuesto exclusivamente a mantenimiento y reposición de infraestructura. Según Aguiñaga, esta regla fiscal limita la capacidad de las prefecturas para financiar programas de protección y servicios sociales, los cuales quedarían relegados frente a la obra física.
Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se sumó al reclamo denunciando que la comisión legislativa aprobó el documento sin escuchar las propuestas de las provincias y ciudades. Mientras el oficialismo, representado por la asambleísta Valentina Centeno, defiende que la norma busca la eficiencia del gasto sin reducir las asignaciones constitucionales, el bloque de la Revolución Ciudadana presentó un informe de minoría solicitando el archivo del proyecto por presuntos vicios de inconstitucionalidad. La propuesta de Aguiñaga para destrabar el conflicto incluye elevar progresivamente las transferencias del Gobierno Central del 70% al 75% y medir la calidad del gasto por el impacto en vidas y empleos, en lugar de solo grupos presupuestarios.
