La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) manifestó este jueves 26 de febrero su firme rechazo a la designación de Tarek William Saab como Defensor del Pueblo de Venezuela. La organización calificó este movimiento como una maniobra del régimen para mantener el control sobre las instituciones de derechos humanos y asegurar la impunidad de quienes han cometido abusos sistemáticos. Ante esta situación, Veppex instó al Gobierno de Estados Unidos a intervenir de manera firme, exigiendo la revisión de este nombramiento y vetando a “operadores del régimen” en instancias de protección ciudadana.
El historial de Saab es el principal punto de crítica para los exiliados, quienes recordaron que durante sus casi diez años como Fiscal General fue señalado por organismos internacionales como una pieza clave en la represión judicial. Según el comunicado de Veppex, Saab ha avalado detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, convirtiéndose en un perseguidor de la disidencia en lugar de un garante de la legalidad. Para la organización, colocarlo al frente de la Defensoría del Pueblo constituye un insulto para los presos políticos y ciudadanos que han sufrido la violación de sus derechos fundamentales.
La designación de Saab se produjo de forma temporal el pasado miércoles, luego de que renunciara a la Fiscalía General y la Asamblea Nacional lo propusiera para sustituir a Alfredo Ruiz Angulo, quien dimitió alegando motivos personales y de salud. Aunque el oficialismo, encabezado por Jorge Rodríguez, lo define como un “experto en derechos humanos”, su nombramiento genera una profunda preocupación internacional, especialmente porque ambos funcionarios habían sido ratificados recientemente para un periodo que se extendía hasta 2031. Este enroque institucional es visto por la oposición y el exilio como una reconfiguración estratégica del chavismo en medio de la compleja crisis política que atraviesa el país.
