La justicia ecuatoriana impuso la pena máxima de 17 años y cuatro meses de privación de libertad contra el procesado, tras hallarlo responsable como autor directo del crimen. El fallo judicial, que incluye los agravantes establecidos en la ley, dispone además el pago de una multa de 60 salarios básicos unificados y una reparación integral de 10.000 dólares para los familiares de las víctimas. Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2015, cuando el agresor ingresó armado a la estación de transporte y abrió fuego contra las dos personas, quienes fallecieron de manera inmediata en el lugar del ataque.
A pesar de que el responsable fue identificado y procesado en 2017, este permaneció prófugo de la justicia durante varios años, lo que mantuvo el caso en suspenso hasta su captura en 2025. Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado presentó pruebas contundentes, incluyendo testimonios de testigos presenciales, informes de autopsia e inspecciones técnicas oculares que confirmaron el uso de un arma de fuego. El tribunal aplicó el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), incrementando la sanción base debido a que el delito afectó a más de una persona, garantizando así la aplicación de la pena más alta contemplada en la normativa vigente.
