La Procuraduría del Municipio de Quito presentó este miércoles 4 de marzo una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Esta acción responde a una decisión del Concejo Metropolitano, que el pasado 24 de febrero votó mayoritariamente por recurrir a la Corte Constitucional (CC) ante la entrada en vigor de la norma, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional bajo el carácter de económico urgente.
El conflicto de la “Regla 70/30”
La reforma, publicada en el Registro Oficial el 23 de febrero de 2026, establece un cambio drástico en la estructura de gasto de las prefecturas y municipios del país:
- La nueva norma: A partir del 1 de junio, todos los GAD deberán destinar obligatoriamente al menos el 70% de sus recursos a inversión en obra pública y un máximo del 30% a gasto corriente.
- Sanciones: El Ministerio de Economía y Finanzas está facultado para aplicar medidas correctivas inmediatas a los gobiernos locales que incumplan estos porcentajes.
- Argumento del Municipio: El alcalde Pabel Muñoz sostiene que esta disposición violenta la autonomía política, administrativa y financiera reconocida en la Constitución de Montecristi, al permitir que el Gobierno Central dicte cómo deben administrar sus propios presupuestos.
Movilización y alianzas estratégicas
La presentación de la demanda estuvo acompañada por una marcha de simpatizantes y funcionarios que recorrió el norte de la capital, culminando en los exteriores de la Corte Constitucional.
- Bloque de oposición: La Alcaldía de Quito no actúa sola; se ha unido a una acción similar planteada por la Prefectura de Pichincha, sumando fuerzas contra la reforma nacional.
- Principio Constitucional: Según Muñoz, la autonomía no es negociable y la ley pretende “centralizar” decisiones que competen exclusivamente a las autoridades locales elegidas por voto popular.
- Expectativa jurídica: La Corte Constitucional deberá calificar la demanda y decidir si suspende provisionalmente la aplicación de la norma antes de que entre en rigor el control financiero del Ministerio de Economía en junio.
