El presidente Daniel Noboa cuestionó este jueves el presunto uso de instituciones públicas administradas por la Revolución Ciudadana para movilizaciones políticas, tras una reciente inspección del Ministerio de Trabajo a la Prefectura de Pichincha. Durante una entrevista radial, el mandatario respaldó el procedimiento liderado por el ministro Harold Burbano, en el cual se detectaron supuestas presiones a funcionarios para asistir a marchas y la ausencia generalizada de personal en sus puestos de trabajo. Según Noboa, la verificación técnica constató que las oficinas se encontraban vacías debido a que los servidores habrían sido desplazados a eventos de carácter partidista.
El caso tomó un giro legal luego de que se reportara que una servidora de la Prefectura presuntamente agredió a un inspector y destruyó registros oficiales durante la diligencia, hechos que ya han sido remitidos a la Fiscalía y a la Contraloría para su investigación. El jefe de Estado criticó duramente que los Gobiernos Autónomos Descentralizados se utilicen, según sus palabras, como refugios para militantes en lugar de servir a la ciudadanía. Noboa enfatizó que el objetivo de su administración es erradicar el “piponazgo” y asegurar que los recursos de municipios y prefecturas se traduzcan en obras y servicios reales para la población.
Asimismo, el presidente rechazó las acusaciones de sectores de oposición que señalan al Gobierno de intentar afectar áreas como la cultura o la educación mediante nuevas reformas legales. Aseguró que tales afirmaciones son falsas y que la prioridad es que las instituciones locales trabajen con eficiencia y transparencia. Con este respaldo a las acciones de control laboral, el Ejecutivo busca sentar un precedente sobre el uso de los fondos públicos y la disciplina administrativa en los organismos seccionales, en medio de un clima de alta tensión política entre el Gobierno central y las autoridades provinciales afines al correísmo.
