La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, manifestó su rechazo ante la resolución del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, quien dispuso la suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana por un periodo de nueve meses. La autoridad provincial sostuvo que esta decisión judicial constituye un precedente perjudicial para la democracia ecuatoriana, argumentando que la medida no solo afecta a una organización política específica, sino que vulnera el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus proyectos de representación. Según Pabón, las instituciones públicas deben actuar como garantes de los derechos de participación en lugar de transformarse en mecanismos de manipulación del debate político nacional.
La determinación del magistrado electoral surge tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general del Estado subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, en el contexto de la investigación denominada caso Caja Chica. En este proceso se indaga la presunta comisión del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. La resolución judicial aclara que la suspensión de la organización política podría levantarse antes del plazo estipulado si la Fiscalía desiste de su petición o si la instrucción fiscal concluye o es archivada. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá remitir informes mensuales sobre el avance de las investigaciones para justificar la vigencia de esta medida cautelar que altera el escenario electoral actual.
