El presidente Daniel Noboa se pronunció este lunes 9 de marzo sobre la suspensión temporal de nueve meses impuesta al movimiento Revolución Ciudadana (RC) por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La sanción surge a raíz de una denuncia presentada por el fiscal subrogante Carlos Alarcón, vinculada al denominado caso Caja Chica, donde se investigan presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Durante una entrevista en radio Sucre, el mandatario explicó que, de mantenerse esta medida, la organización no podrá realizar actividades proselitistas ni inscribir candidatos para las elecciones seccionales de febrero de 2027, aunque aclaró que los integrantes del movimiento podrían participar a través de otras plataformas políticas.
Al ser consultado sobre el origen de los fondos cuestionados en las campañas de la RC, Noboa fue enfático al señalar nexos con el narcotráfico y con el gobierno de Venezuela. Según el jefe de Estado, estas irregularidades no son hechos aislados, sino que forman parte de una red de corrupción política que fue analizada durante la reciente cumbre “Escudo de las Américas” en Miami. El presidente afirmó que existe información de inteligencia, compartida por Estados Unidos, que detalla flujos de dinero ilícito entre grupos criminales y agrupaciones políticas en la región.
Denuncias de nexos con grupos terroristas internacionales
Noboa también reveló detalles alarmantes sobre la supuesta presencia de organizaciones terroristas extranjeras operando entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Según su declaración:
- Presencia extranjera: Mencionó la actividad de grupos como Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Iraní en territorio venezolano.
- Entrenamiento táctico: Aseguró que integrantes de Hamás habrían brindado entrenamiento a grupos como los Comandos de la Frontera en Colombia, así como a las bandas locales Los Lobos y Los Choneros en Ecuador.
- Postura del Ejecutivo: El mandatario rechazó las acusaciones de persecución política, sosteniendo que las acciones legales y administrativas responden a una lucha integral contra la criminalidad organizada y la minería ilegal.
“Todo esto va a salir a la luz”, puntualizó Noboa, subrayando que su administración busca transparentar los vínculos entre la política y las estructuras delictivas internacionales para garantizar la seguridad nacional.
