El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este martes 10 de marzo el proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el Ejecutivo. La propuesta, que busca reformar la Ley de Régimen Tributario Interno, fue remitida a la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por la asambleísta Valentina Centeno. Esta mesa legislativa tiene un plazo de diez días para presentar el informe que servirá de base para el primer debate en el pleno.
El proyecto superó el filtro técnico de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), confirmando que cumple con los requisitos constitucionales de unidad de materia y exposición de motivos. El objetivo central es reducir el déficit habitacional del país fomentando la participación del sector privado mediante incentivos fiscales, evitando así un incremento directo en el gasto público.
El incentivo: Donación de viviendas a cambio de rebaja tributaria
La reforma plantea un mecanismo de beneficio fiscal para los contribuyentes que realicen donaciones de Viviendas de Interés Social (VIS) directamente al ente rector del hábitat:
- Beneficio Fiscal: Los donantes tendrán derecho a una rebaja del Impuesto a la Renta equivalente al 100% del valor donado.
- Límite de la Rebaja: El descuento no podrá superar el 30% del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente.
- Condiciones: No habrá derecho a devolución por excedentes; el beneficio se aplica únicamente sobre el tributo a pagar.
Estándares y verificación técnica
Para evitar irregularidades y asegurar la calidad de las soluciones habitacionales, las viviendas donadas deberán cumplir estrictamente con los parámetros de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social:
- Precio Máximo: El valor de la vivienda no puede exceder los techos establecidos para el segmento de interés social.
- Superficie y Construcción: Se deben respetar los metros cuadrados mínimos y los estándares técnicos de habitabilidad.
- Certificación: El ente rector de hábitat y vivienda será el encargado de verificar y validar que cada construcción cumpla con los requisitos antes de que el contribuyente pueda acceder al beneficio tributario.
Con esta normativa, el Gobierno espera canalizar recursos privados hacia proyectos que beneficien a los sectores más vulnerables, dinamizando al mismo tiempo la industria de la construcción.
