La defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, presentó formalmente un recurso de apelación este miércoles 11 de marzo de 2026, con el fin de dejar sin efecto la orden de prisión preventiva dictada en el marco del caso Triple A. El tribunal de juzgamiento anticorrupción resolvió el pasado 8 de marzo elevar la intensidad de las medidas cautelares, luego de que la Fiscalía presentara evidencias de que el procesado se habría desprendido físicamente del dispositivo de vigilancia electrónica. Según los informes policiales del caso Goleada, durante un allanamiento en su residencia en Samborondón, el grillete fue hallado en el piso de su dormitorio, fuera de su extremidad corporal.
La Fiscalía respaldó su pedido con un informe del SNAI que registra un historial de 2.769 eventos de alerta, incluyendo 33 alarmas de “pulsera quitada” y más de 1.500 estados “offline”. Además, peritajes técnicos señalaron una “manipulación deliberada” del hardware, al detectarse la falta de un tornillo de seguridad y el uso de cinta aislante en el equipo. Por su parte, Alvarez y su defensa, liderada por Ramiro García, negaron las acusaciones, atribuyendo las fallas de señal a “puntos muertos” en su domicilio y calificando la medida de desproporcionada, dado que el funcionario ya se encuentra recluido por otra causa penal.
Detalles clave de los procesos judiciales:
- Caso Triple A: Se investiga el presunto tráfico ilegal de combustibles. La Fiscalía estima un perjuicio al Estado de $ 61.502.658, equivalente a más de 22 millones de galones de combustible comercializados irregularmente.
- Caso Goleada: Proceso paralelo por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
- Situación actual: Tras la revocatoria de las medidas alternativas, Alvarez fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi hacia la “Cárcel del Encuentro”, en la provincia de Santa Elena, donde cumple doble orden de prisión preventiva.
- Próximos pasos: La apelación será remitida a la Corte Provincial de Pichincha, donde jueces especializados deberán ratificar o revocar la medida de última ratio impuesta por los jueces Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona.
El tribunal fundamentó su decisión en el “incumplimiento flagrante” del deber de mantener el dispositivo adherido al cuerpo de forma ininterrumpida, considerando que el despojo del mecanismo demuestra una clara intención de sustraerse de la acción de la justicia.
