El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Ejecutivo 328 publicado el 12 de marzo de 2026, ha establecido un nuevo filtro de seguridad para la contratación pública en Ecuador. La normativa dispone que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emita alertas y reportes de riesgo sobre cualquier persona natural o jurídica que pretenda contratar con el Estado. Esta medida busca identificar vínculos con estructuras criminales, redes de corrupción, financiamiento ilícito o injerencia extranjera antes de que se adjudiquen los contratos, incluyendo aquellos bajo régimen especial o clasificados como confidenciales y reservados.
Bajo este nuevo esquema, todos los ministerios y entidades de la Función Ejecutiva tienen la obligación de remitir al CNI el listado completo de participantes, sus estructuras societarias y beneficiarios finales previo a la firma de cualquier contrato. El análisis técnico se centrará en detectar amenazas a la soberanía, la seguridad pública y el orden constitucional. Además, el decreto tiene un efecto inmediato sobre los procesos en curso: aquellos contratos que aún no han sido adjudicados deberán someterse retroactivamente a este escrutinio de inteligencia.
Para fortalecer estas capacidades de vigilancia y prevención, el Decreto 328 incluye disposiciones adicionales:
- Acceso a Geodatos: El ECU 911 deberá proporcionar de forma permanente datos de geolocalización y georreferenciación al CNI para la producción de inteligencia estratégica.
- Control Migratorio: La Dirección de Control Migratorio se integra oficialmente como un subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia, coordinando sus actividades directamente con el ente rector.
- Supervisión Directa: El CNI informará periódicamente al Presidente de la República sobre la implementación de estos protocolos y el cumplimiento de las entidades públicas.
