Tras la captura de Sebastián Marset en territorio boliviano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó graves acusaciones contra el capo uruguayo a través de sus redes sociales. El mandatario aseguró que Marset tenía planes para asesinarlo durante el ejercicio de su cargo y lo vinculó directamente con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Cartagena. Según Petro, el detenido formaría parte de una élite de narcotraficantes “invisibles” con base en Dubái, cuyos socios serían los principales distribuidores de cocaína en Europa y Medio Oriente.
El jefe de Estado colombiano también denunció una presunta red de encubrimiento dentro de las instituciones judiciales, afirmando que Marset mantenía vínculos con funcionarios de “alto nivel” en la Fiscalía. Según esta versión, dichas influencias habrían permitido que el nombre del uruguayo fuera omitido de los expedientes relacionados con el asesinato de Pecci. Petro añadió que la estructura criminal de Marset no se limita al tráfico de estupefacientes, sino que también tendría intereses económicos en Colombia, específicamente en el sector de las minas de esmeraldas.
Estas declaraciones se suman a la presión internacional que rodea el caso del fiscal Pecci, cuya familia ha solicitado recientemente mayor celeridad para dar con los autores intelectuales del magnicidio. Mientras la justicia colombiana ya ha condenado a siete autores materiales, las revelaciones de Petro sitúan a Marset en el centro de una compleja trama geopolítica y judicial. Con el narcotraficante ahora bajo custodia en Bolivia, se espera que las investigaciones de Uruguay, Brasil y Estados Unidos aporten más claridad sobre el alcance real de su organización en la región.
